La socióloga y defensora de derechos humanos Ligia Bolívar aseguró, en una entrevista concedida desde Alemania, que el escenario institucional venezolano no atraviesa una transición democrática, sino un «reacomodo de fuerzas» en el poder, según informó La Gran Aldea.
Bolívar, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y coordinadora de Alerta Venezuela, recibió recientemente el Premio Rudolf Benario de Derechos Humanos 2026, otorgado por la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg (FAU). Desde ese país adelantó que iniciará un estudio con personas migrantes y refugiadas para conocer su percepción y demandas frente a la justicia venezolana e internacional.
De acuerdo con la investigadora, el trabajo incluirá grupos focales en Alemania, España e Islandia, y abordará tres frentes: el proceso abierto ante la Corte Penal Internacional (CPI), el balance de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU y los litigios bajo jurisdicción universal en curso en países como Argentina.
Bolívar sostuvo que cualquier reparación a las víctimas de tortura y persecución exige que el Estado venezolano asuma de forma directa su responsabilidad, mediante la verdad, la sanción a los perpetradores y la restitución pública de la dignidad de los afectados.
La investigadora cuestionó además el trato dado a la migración forzada venezolana, al señalar que prefiere el término «países receptores» antes que «países de acogida», pues considera que estos últimos reciben a los migrantes «casi a regañadientes». Citó como ejemplo la situación de venezolanos deportados desde Estados Unidos hacia destinos como Liberia, frente a lo cual —dijo— no se ha escuchado un pronunciamiento protector de figuras opositoras como María Corina Machado o Dinorah Figuera.
Bolívar recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó la situación posterior al proceso electoral del 28 de julio de 2024 como terrorismo de Estado, y afirmó que el miedo persiste en la sociedad venezolana mientras instituciones como la Fiscalía General o la Defensoría del Pueblo no muestren un cambio real en la atención a las víctimas.
Con información de La Gran Aldea
