Nicolás Maduro se convirtió en uno de los pocos imputados en la historia de Estados Unidos acusados de violar una ley federal de 1994 que castiga actos de tortura cometidos fuera del país, según una revisión de registros judicales realizada por Reuters. La acusación ampliada suma este delito a los cargos de narcotráfico que ya pesaban sobre el exmandatario venezolano.
Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 70, se declararon no culpables la semana pasada. Ambos fueron capturados en enero durante un operativo militar estadounidense en Caracas ordenado por el presidente Donald Trump. Son la séptima y octava persona identificada por Reuters en haber sido acusada de violar la norma de 1994.
Solo cuatro personas han sido condenadas bajo ese estatuto hasta ahora: integrantes de fuerzas paramilitares de Liberia y Gambia, el jefe de una prisión siria durante el régimen del derrocado Bashar al-Assad, y un ciudadano estadounidense que desarrolló una fábrica ilegal de armas en Irak. Quienes resultaron condenados recibieron sentencias de entre 60 y 97 años de cárcel.
El caso de Maduro representa la primera vez que Estados Unidos procesa a un jefe de Estado por presuntamente autorizar el uso de la tortura en su propio país, según Michel Paradis, socio del estudio jurídico Steptoe. «Este realmente es un caso histórico», afirmó Paradis.
Cada cargo de tortura prevé penas de hasta 20 años de prisión, o cadena perpetua. Sin embargo, Maduro y Flores no son elegibles para la pena de muerte porque están acusados de conspiración para torturar, no de haber cometido los actos de manera directa.
El juicio está previsto para junio de 2027. Los defensores de Flores señalaron que ella es «completamente inocente» de todos los cargos y anticiparon que revisarán una moción previa para desestimar la acusación con base en la inmunidad soberana.
Con información de Infobea
