La mesa de negociación, encabezada por la Asamblea Nacional 2015 y miembros del gobierno interno, fue establecida en agosto de 2026 con el propósito de alcanzar acuerdos que conduzcan a la «recuperación de la democracia» mediante «elecciones libres y justas».
Según informó La Gran Aldea, tras tres rondas de conversaciones desarrolladas hasta octubre, los resultados concretos incluyen la liberación de un grupo de presos políticos, el levantamiento del bloqueo de algunos medios de comunicación independientes y la designación de 12 representantes de la sociedad civil para el Comité de Postulaciones Judiciales, que designará 32 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
El periodista Víctor Amaya señaló que los tiempos establecidos no se han cumplido por «mal cálculo de los protagonistas» e incorporación de nuevos asuntos en el proceso. Destacó que «es lamentable que el país no tenga claro cuál es la metodología que se está siguiendo» y cuestionó: «¿Las decisiones se toman por mayoría, por unanimidad, por voto?».
Amaya indicó también que «la reinstitucionalización del TSJ y del CNE es importante y se podría hacer más rápido si hubiese voluntad política de todos los actores involucrados».
El sociólogo Tulio Hernández advirtió que los retrasos son «intencionales» y responden a la intención del gobierno de postergar las elecciones, posiblemente «hasta el 2030». Resaltó que la situación «requiere de un cambio de estrategia de parte de la oposición y del equipo y de María Corina Machado», y que «esto puede durar muchos años si no hay una acción política diferente, combativa, estructurada, organizada».
Temas pendientes como las inhabilitaciones y la restitución de partidos políticos quedaron programados para la cuarta ronda de negociaciones prevista para noviembre.
Con información de La Gran Aldea
