La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia sobre el caso Trujillo y otros vs. Venezuela, en San José, Costa Rica, para examinar la responsabilidad internacional del Estado venezolano por violaciones de derechos humanos ocurridas el 11 de abril de 2002, fecha en que 19 personas fueron asesinadas y más de 300 resultaron heridas de bala, según informó Infobae.
Como perito militar sobre la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el uso de la fuerza fue convocado el coronel retirado Antonio María Guevara Fernández, quien explicó que la prioridad de la Fuerza Pública es resguardar al ciudadano y que el uso de la fuerza debe ser el último recurso en un proceso de contención.
Guevara Fernández afirmó ante la Corte que «la GNB no desplegó los mejores esfuerzos para evitar víctimas durante la marcha de la Oposición» en respuesta a una pregunta de Alfredo Romero, presidente del Foro Penal. El perito señaló que, ante la opacidad de la información oficial, solo pudieron identificarse como responsables al comandante general de la GNB, Francisco Belisario Landis, y al jefe del Comando Regional Nr. 5, Eugenio Gutiérrez Ramos, mientras que los comandantes de destacamentos, compañías y pelotones desplegados no tienen referentes para su identificación.
Ante una pregunta del juez Alberto Borea Odría sobre la actuación del general Manuel Antonio Rosendo, jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada (CUFAN) para esa fecha, Guevara Fernández explicó que el oficial fue excluido intencionalmente de la Red Tiburón, el sistema de comunicaciones utilizado durante los hechos.
En su dictamen pericial, Guevara Fernández concluyó que la actuación de la GNB en los sucesos del 11 de abril de 2002 «no cumplió con las pautas constitucionales, legales, reglamentarias, doctrinarias, procedimentales ni convencionales» que debían regir el uso de la fuerza. Sobre el Plan de Operaciones Oro Negro y la Red Tiburón, consideró que fueron instrumentos de una desviación deliberada del sistema regular de mando que vulneró los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución, neutralidad y rendición de cuentas.
El proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se inició en 2002 con la denuncia presentada por el Foro Penal, representado por Alfredo Romero y Gonzalo Himiob. El expediente llegó a la Corte el 9 de julio de 2024, remitido por la Comisión, cuyo Informe de Fondo n.º 313/23 determinó que el Estado venezolano violó los derechos a la vida, la integridad personal, la reunión, las garantías y la protección judiciales, y que no se demostró que el uso de la fuerza letal contra las víctimas fuera legítimo, necesario y proporcionado.
Con información de Infobae
