La producción petrolera de Venezuela se sitúa actualmente entre 1,0 y 1,1 millones de barriles por día (MMBPD), incluido el condensado, según un análisis energético elaborado por Juan Szabo y Luis A. Pacheco y publicado por La Gran Aldea. La cifra representa un crecimiento moderado en el año, pero equivale a apenas el 30% de los 3,4 millones de barriles diarios que el país producía a finales del siglo pasado.
De acuerdo con el análisis, tras la instauración del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez se inició una apertura petrolera calificada como «algo anárquica», caracterizada por la ampliación de áreas a compañías como Chevron, la adjudicación directa de bloques y campos, y la sustitución de operadores con trayectoria en el país por empresas de menor escala y experiencia.
El texto menciona además el anuncio de una operación denominada «Mega Deal», pese a cuestionamientos reputacionales vinculados a su principal accionista y a los déficits técnicos de esa empresa. Según los autores, el proceso, iniciado con la modificación de la Ley de Hidrocarburos y la publicación de su Reglamento, habría dado lugar, según el régimen, a más de cien acuerdos con compañías como Chevron, Repsol, Eni, TotalEnergies y BP, así como con otras empresas cuya capacidad técnica y financiera luce insuficiente para un proceso competitivo de acreditación.
El análisis también advierte sobre un mercado secundario poco transparente de Certificados de Producción Primaria (CPP) durante su conversión a CPPH, en el marco de la adecuación a las exigencias de la nueva ley.
Los autores señalan que la estrategia de la administración Trump de aprovechar las reservas de hidrocarburos de Venezuela para compensar riesgos de suministro derivados de conflictos bélicos resultó «demasiado ambiciosa», al no reflejar adecuadamente la realidad del país. Según el documento, la política de Washington respecto de las actividades petroleras y mineras venezolanas responde a un objetivo electoral inmediato y a otro de mediano y largo plazo, orientado a fortalecer la seguridad energética de Estados Unidos y del hemisferio occidental.
El análisis también describe el contexto energético internacional, marcado por el compromiso de Trump de no atacar a Irán al menos hasta noviembre, ataques de drones hutíes contra instalaciones sauditas, agresiones contra refinerías rusas y buques en el mar Negro, y la afectación de producción petrolera y gasífera en el golfo de México por el huracán Isaías, además de un terremoto de magnitud 7,6 que sacudió a Panamá el 9 de octubre.
Con información de La Gran Aldea
