María Corina Machado reaparició el fin de semana luego de una ausencia de diez meses tras viajar a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025. Fue recibida de forma multitudinaria por ciudadanos en las calles. Su regreso al país se logró después de al menos siete intentos fallidos, gracias a la mesa de diálogo, según representantes de Estados Unidos y la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera.
El politólogo Piero Trepiccione señaló a la agencia EFE que Machado continúa siendo el referente de liderazgo político más importante en Venezuela y puede impulsar procesos de motivación en un «amplio y legítimo movimiento ciudadano». Agregó que «eso puede ayudar a tener incidencia en el proceso de negociación, a generar también presión en los actores negociantes y tratar de producir resultados concretos más rápido».
El exdiputado Juan Miguel Matheus, miembro de la mesa de diálogo instalada el 6 de agosto, indicó en una entrevista con la emisora privada Unión Radio que los intereses de Machado son los mismos que los de los venezolanos que han estado representados en la mesa desde sus inicios. Matheus señaló que los integrantes del proceso fueron establecidos por la Administración de Donald Trump.
Para Trepiccione, lo ideal sería que Machado participara directamente en el proceso, pero advirtió que «no están dadas las condiciones», especialmente por las exigencias del régimen. La vicepresidenta Delcy Rodríguez declaró que la mesa de diálogo «es algo muy serio» que «requiere de mucha experiencia, alejado de los espacios neófitos».
Trepiccione consideró que el chavismo «teme» a Machado porque la ve como la «gran articuladora y la gran referencia en materia de conexión emocional» con la mayoría de los venezolanos. Señaló que «hasta ahora eso no ha funcionado como ha quedado en evidencia con el respaldo masivo a su regreso al país».
Machado ha reiterado que será candidata presidencial en eventuales elecciones. Su principal obstáculo es la inhabilitación política de 15 años anunciada por la Contraloría y ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia. La mesa de diálogo acordó en su tercer ciclo revisar la Ley Orgánica de la Contraloría, específicamente «lo inherente al proceso de inhabilitaciones».
Con información de Monitoreamos
