Los jueces Kim McLane Wardlaw, Salvador Mendoza Jr. y Anthony D. Johnstone negaron tanto la solicitud principal del Gobierno para prolongar la suspensión como su petición alternativa de una pausa administrativa de 21 días. El tribunal también anunció que fijará un calendario acelerado para examinar el fondo del litigio en el caso 25-5724.
Según informó el Noveno Circuito, bajo los criterios fijados por la Corte Suprema, la forma en que se canceló el TPS venezolano constituyó un error. Sin embargo, el fallo no representa una decisión definitiva sobre el fondo del caso, ya que la Corte Suprema podría volver a extender la suspensión si el Gobierno apela antes del 6 de noviembre.
El litigio se originó cuando un tribunal de distrito del Norte de California determinó que la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se extralimitó en sus facultades al anular una prórroga del TPS otorgada a Venezuela y, en su lugar, puso fin a la designación de ese país.
El TPS es un programa migratorio creado por el Congreso de Estados Unidos en 1990 para evitar deportaciones hacia países afectados por desastres naturales, conflictos civiles u otras condiciones peligrosas. Cuando está vigente, impide las deportaciones y autoriza a sus beneficiarios a trabajar legalmente en el país.
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional de junio de 2026, hay 627.750 ciudadanos venezolanos registrados en el programa. De restablecerse el TPS el 6 de noviembre, las protecciones cubrirían a quienes estaban amparados bajo la designación de 2023, así como a los venezolanos que solicitaron extender su estatus conforme a la prórroga del 17 de enero de 2025.
La suspensión que ahora expira fue impuesta por la Corte Suprema en octubre de 2025, cuando el máximo tribunal bloqueó la sentencia del tribunal de distrito que había declarado ilegales las decisiones de Noem. La Corte Suprema mantiene la potestad de frenar el restablecimiento si el Gobierno federal apela antes del 6 de noviembre.
Con información de Infobea
