Los reclusos se acercaron a la cerca metálica del centro penitenciario y gritaron consignas desde el interior. «No tenemos miedo, no más torturas», «¡Libertad!» y «Que cierren los centros de torturas» fueron algunas de las expresiones escuchadas. En el cercado se observaron carteles con las frases «¡Libertad ya!» y «presos políticos».
Según denunciaron sus allegados, los militares permanecen aislados en una cancha del penal, separados del resto de la población penitenciaria. Esta situación limita su comunicación y dificulta el acceso a instalaciones básicas dentro de la prisión. Sandra Hernández, esposa del sargento Luis Bandres, afirmó que se les limitó el acceso a la torre donde están los baños y servicios sanitarios.
Los familiares indicaron que los detenidos no recibieron agua potable y recurrieron al agua utilizada por trabajadores del recinto para el riego de plantas con el fin de hidratarse. Milagros Astudillos, esposa de otro sargento encarcelado, vinculó las restricciones con la huelga, señalando que «la falta de agua y atención médica es una manera de presión para que levanten esto».
El Observatorio Venezolano de Prisiones consideró grave que ni representantes del Ministerio Público ni de la Defensoría del Pueblo acudieran al penal durante los tres primeros días de protesta para verificar las denuncias sobre las condiciones de detención.
De acuerdo con el Foro Penal, Venezuela registra 321 presos políticos al 9 de noviembre de 2026, entre ellos 306 hombres y 15 mujeres. Del total, 181 fueron civiles y 140 militares. La organización contabilizó que 150 personas recibieron condena, mientras 171 permanecen sin sentencia.
Con información de Infobea
