La reforma establece procedimientos administrativos para aplicar la norma, fija sanciones y exhortaciones a los medios de comunicación sin la posibilidad de revocarles la concesión, y prevé multas para quienes difundan mensajes de odio en redes sociales. El proyecto también cambia el nombre de la norma, que pasaría a llamarse Ley de Convivencia Pacífica y Tolerancia, según informó Infobae.
El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, presentó el texto. Varias bancadas opositoras votaron en contra porque solicitan la derogación de la ley. La diputada Amelia Belisario, de la bancada Libertad, señaló que los artículos de la reforma no se habían presentado y que las sanciones administrativas quedarían a cargo del Ministerio de Interior.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, afirmó que el chavismo se empeña en que la reforma no se use para «la persecución de nadie». Defendió la necesidad de una ley de convivencia e invocó el riesgo de una guerra civil.
La norma vigente, aprobada en noviembre de 2017, contempla penas de hasta 20 años de cárcel por delitos de odio. Según datos del Foro Penal, al menos 927 personas fueron acusadas de incitación al odio desde 2017. IPYS Venezuela documentó 85 casos de personas y medios señalados por delitos de odio entre 2017 y octubre de 2025.
Rodríguez reconoció el 29 de septiembre que la ley «fue mal aplicada» y que «se hizo un uso abusivo de esa ley». La Plataforma Unitaria Democrática sostuvo que la ley «debe ser derogada, no reformada». Human Rights Watch había recomendado la derogación, así como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas.
El proyecto entra ahora en consulta pública y volverá al pleno de la Asamblea para un segundo debate, artículo por artículo, y una votación final.
Con información de Infobea
