La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó una reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, una de las normas más cuestionadas del marco jurídico aprobado por el chavismo para perseguir a dirigentes opositores y periodistas.
Rodríguez formalizó el pedido mediante una carta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en la que solicitó que el proyecto sea tratado con carácter de urgencia. Según explicó, la iniciativa busca avanzar en la despenalización de algunas conductas contempladas por la legislación.
Horas después de formalizar el pedido, Rodríguez admitió que la ley fue mal aplicada. «Lamentablemente fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa ley», declaró durante un acto en Portuguesa, aunque aclaró que sigue defendiendo los principios que dieron origen a la norma.
La ley fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el chavismo y presidida en ese momento por Delcy Rodríguez. El texto estableció como delito la promoción o incitación al odio, la discriminación o la violencia, con penas de 10 a 20 años de prisión para determinadas conductas, además de sanciones aplicables a medios de comunicación.
La delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015, que participa en el proceso de diálogo con el chavismo, reaccionó con cautela y exigió que la reforma produzca garantías concretas. La delegación sostuvo que la ley «fue utilizada como un instrumento de persecución y represión de la disidencia» y afirmó que permanecerá atenta a que la reforma cumpla fines democratizadores.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reclamó la derogación completa de la norma, al considerar insuficiente la despenalización mientras sigan vigentes disposiciones que permiten revocar concesiones de radio y televisión, bloquear portales, imponer multas y ordenar el retiro de contenidos.
Con información de Infobae
