De acuerdo con un reporte de junio de 2026 del Financial Times basado en fuentes anónimas, las deudas y reclamaciones contra Venezuela podrían alcanzar los 240.000 millones de dólares, cifra que supera las proyecciones previas de analistas que situaban el pasivo entre 150.000 y 200.000 millones de dólares.
De confirmarse esa cantidad, Venezuela enfrentaría uno de los mayores desafíos de reestructuración de deuda soberana de la historia. El monto en conjunto equivaldría a más del 200 por ciento del producto interno bruto estimado del país e incluye bonos, deudas bilaterales y comerciales, sentencias judiciales y laudos arbitrales.
Según encuestas citadas, el 84 por ciento de los venezolanos califica negativamente la situación económica actual, mientras que el 77,3 por ciento considera que el país no logrará recuperarse sin celebrar elecciones presidenciales previas.
Omar Zambrano, economista jefe de ANOVA Policy Research, advierte que para evitar empeorar la situación es indispensable un plan económico de estabilización creíble, una comisión técnica independiente que audite la deuda, aval del Fondo Monetario Internacional y un mandato político claro de los negociadores. Según Zambrano, el proceso adelantado por el gobierno interino de Delcy Rodríguez «adolece de todas ellas, o, al menos, no se conoce que las cumpla».
De no lograrse condiciones verdaderamente favorables como quitas significativas, amplios plazos de gracia y tasas de interés adecuadas, un futuro gobierno democrático tendría que destinar un porcentaje sustancial del presupuesto público al servicio de la deuda, lo que forzaría recortes en inversión pública y gasto social en salud, educación, servicios básicos e infraestructura.
Venezuela se encuentra en default desde noviembre de 2017 tras incumplir pagos de su deuda externa. En mayo de 2026, el gobierno anunció el inicio de un proceso de reestructuración de las obligaciones de la República y PDVSA. El proceso está rodeado de opacidad: no se conoce con exactitud el monto total de la deuda pública ni qué parte se incluiría en la reestructuración. El Ministerio de Finanzas dejó de publicar sistemáticamente cifras de deuda externa en 2017, mientras que las últimas estadísticas oficiales del Banco Central corresponden al primer trimestre de 2019.
Con información de DW/AlbertoNews
