El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela advirtió que, aunque durante 2026 se han registrado algunas aperturas en la publicación de información por parte de instituciones del país, todavía no existen garantías consolidadas para ejercer el derecho de acceso a la información pública.
La organización presentó el informe «Grietas, no puertas. Variaciones en el acceso a la información pública en Venezuela», en el que documenta la reaparición de datos que permanecieron ocultos o fueron difundidos irregularmente durante años, entre ellos los indicadores macroeconómicos del Banco Central de Venezuela y el boletín epidemiológico.
Según consultas realizadas por IPYS a periodistas y organizaciones, estas aperturas no se traducen en una mejora sustancial del acceso a los datos necesarios para informar, documentar y ejercer contraloría sobre la gestión estatal. Entre las áreas prioritarias de información pendiente, el informe menciona hidrocarburos, minería, el Sistema Eléctrico Nacional, presupuestos públicos, demografía, ambiente y los recursos destinados a la emergencia por los terremotos del 24 de junio.
La organización destacó además que durante 2026 organismos del Gobierno de Estados Unidos se han convertido en fuentes de información sobre asuntos internos venezolanos, particularmente en hidrocarburos, minería e infraestructura eléctrica, ante la insuficiencia de datos de las instituciones venezolanas. En el sector petrolero, el informe menciona el acuerdo anunciado a finales de agosto entre Venezuela y Estados Unidos, relacionado con aproximadamente 65.000 millones de barriles de petróleo, del cual no se ha divulgado el texto completo ni sus contratos conexos.
Los sismos del 24 de junio expusieron, según IPYS, las consecuencias más graves de la falta de información pública oportuna, con inconsistencias en las cifras de fallecidos, ausencia de registros unificados sobre víctimas y desaparecidos, y dificultades para conocer el destino de los recursos destinados a la atención y reconstrucción.
El informe también revisó la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público, vigente desde 2021, y encontró que las solicitudes formales continúan recibiendo principalmente silencio o respuestas insatisfactorias. IPYS concluyó que las aperturas registradas durante 2026 son reales, pero insuficientes para hablar de una transformación estructural, y planteó pasar de «aperturas selectivas» a garantías permanentes de acceso a la información.
Con información de Monitoreamos
