Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron este jueves ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se formalizó una nueva acusación en su contra que suma un cargo de conspiración para cometer tortura, de acuerdo con Monitoreamos.
Se trata del quinto pliego de cargos en el proceso judicial que se sigue contra ambos desde la captura de Maduro en enero. Con esta imputación, los cargos en su contra ascienden a cinco: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para cometer tortura, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Según la acusación citada por la fuente, entre 1999 y 2025 Maduro y Flores, junto con otros coconspiradores, habrían acordado infligir dolor y sufrimiento físico y mental graves a personas bajo su custodia, con el fin de reprimir a la oposición política, silenciar la disidencia e intimidar y neutralizar a opositores, incluso mediante secuestros.
El documento judicial describe métodos de tortura que incluirían descargas eléctricas, asfixia, violación, desnudez forzada, aislamiento prolongado, inanición y amenazas contra familiares de las víctimas, incluidos niños, tanto contra ciudadanos venezolanos como estadounidenses.
La acusación atribuye a Maduro haber presidido el sistema descrito, comandado a las unidades responsables y ordenado detenciones ilegales y torturas, además de haber recibido informes sobre la tortura de presos específicos. A Flores se le atribuye haber contribuido a desarrollar ese sistema y haber ordenado torturas para proteger actividades ilegales de familiares.
Entre los episodios citados figuran torturas ocurridas en 2010 contra un agente de seguridad, una reunión de 2014 en la que Maduro habría sugerido secuestrar a militares para obtener información mediante tortura, y el caso de un líder opositor detenido en febrero de 2014 que habría sido sometido a golpizas y privación del sueño. También se menciona la llamada «Comisión Especial para la Conducción de la Revolución Judicial», anunciada en 2021, y el caso de familiares de una jueza que, según la acusación, fueron arrestados y torturados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Con información de Monitoreamos
