La organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) planteó a la delegación opositora que dialoga con el chavismo su pedido de derogar la Ley contra el Odio y otras normas que, según la organización, restringen derechos fundamentales en Venezuela.
El encuentro se realizó el jueves y quedó reflejado en un mensaje publicado por la ONG en su cuenta de X, donde calificó a esta normativa, junto a otras disposiciones, como instrumentos que han sido utilizados para perseguir la disidencia política, criminalizar la crítica, restringir la libertad de expresión y amenazar la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil.
El CLIPP también reclamó la derogación de la Ley de Fiscalización de las ONG, sancionada en 2024 y señalada por distintas organizaciones como un mecanismo que atenta contra la libre asociación. A eso se sumó un nuevo llamado a la liberación de los presos políticos en el país, cuyo número asciende a 322 según el registro de Foro Penal.
El reclamo se enmarca en un proceso que avanza en el Parlamento, donde ya se discute una reforma parcial de la Ley contra el Odio. La iniciativa surgió en septiembre, cuando la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, reconoció que las autoridades habían hecho un uso abusivo de la norma. De acuerdo con datos de Foro Penal difundidos ese mes, 927 personas fueron acusadas de «incitación al odio» desde que la ley entró en vigencia.
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue sancionada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, a pedido del entonces gobernante Nicolás Maduro, en medio de protestas masivas contra el Gobierno. La normativa fija condenas de hasta 20 años de prisión para quienes incurran en los denominados «delitos de odio» y acumula objeciones reiteradas de defensores de derechos humanos.
El Tribunal Supremo de Justicia avaló el proyecto de reforma parcial de la ley, lo que habilitó su tratamiento en la Asamblea Nacional. La Sala Constitucional sostuvo que el texto cuenta con «conformidad constitucional» y que corresponde continuar el proceso legislativo para su discusión y aprobación. Por separado, la delegación opositora señaló que mantuvo reuniones con representantes de organismos no gubernamentales para revisar las garantías civiles y políticas de cara a la renovación institucional del país.
Con información de Infobae
