El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidió este martes prolongar hasta 2028 el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, el mecanismo creado para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en el país.
La resolución obtuvo 25 votos a favor, 17 abstenciones y cinco votos en contra, correspondientes a China, Cuba, Vietnam, Egipto y Burundi, según informó Infobae. La misión fue creada en septiembre de 2019 para investigar violaciones cometidas desde 2014 y ya había recibido una extensión previa que llevaba su mandato hasta octubre de 2026.
El equipo de expertos está integrado actualmente por Sofía Macher, de Perú; Alex Neve, de Canadá, y María Eloísa Quintero, vinculada a Argentina y México. La nueva resolución permitirá que los investigadores presenten informes durante las sesiones del Consejo previstas para 2027 y 2028.
La renovación se produjo pocos días después de que la misión presentara una evaluación sobre la situación venezolana, en la que advirtió que, aunque se registraron algunos cambios tras la captura de Nicolás Maduro, las estructuras utilizadas para ejercer la represión permanecen en funcionamiento. El documento reconoce avances como la reanudación de la cooperación entre autoridades venezolanas y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, pero mantiene la preocupación por violaciones graves y debilidades del Estado de derecho.
El informe identificó 64 nuevos casos de tortura posteriores al 3 de enero, con malos tratos documentados en El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, además de condiciones de encarcelamiento con falta de agua potable, alimentos, medicamentos y atención médica. Organizaciones civiles contabilizaron al menos 214 detenciones arbitrarias por razones políticas entre septiembre de 2025 y julio de 2026, y la misión estima que entre 379 y 500 personas continúan detenidas por motivos políticos.
Los investigadores también documentaron vínculos operativos, financieros y de equipamiento entre los llamados colectivos armados y las fuerzas de seguridad estatales. La delegación venezolana rechazó la prolongación del mecanismo antes de la votación y sostuvo que los mecanismos de supervisión establecidos sin autorización del Estado deberían tener una salida definida.
Con información de Infobae
