El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este viernes la muerte de dos reclusos que padecían enfermedades graves en centros de reclusión de los estados Táchira y Bolívar.
Según la organización, Rendy Ramón Ladera Araujo, recluido en el Centro Penitenciario de Occidente I (CPO I), conocido como cárcel de Santa Ana, falleció el 26 de octubre en el Hospital Central de San Cristóbal. Padecía leucemia. El OVP indicó que esta muerte se suma a otros fallecimientos en ese penal durante 2026, entre ellos los de Francisco Orellano (mayo) y Yonny José Bastidas Briceño (junio).
El segundo caso corresponde a Ildelfonzo Gil, quien murió la mañana del 27 de octubre en los calabozos policiales de Guaiparo, en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Gil sufría cáncer avanzado en el rostro y se encontraba en detención preventiva sin condena. Su defensa había solicitado en varias ocasiones una medida humanitaria de arresto domiciliario ante el Tribunal de Violencia contra la Mujer de Puerto Ordaz, argumentando la gravedad de su estado de salud. Un médico había advertido que le quedaban pocos meses de vida. El tribunal negó la solicitud en tres oportunidades.
Lo más alarmante, de acuerdo con el OVP, es que después de la muerte de Gil apareció una boleta judicial que acordaba el arresto domiciliario, fechada el mismo 27 de octubre.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, exigió investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales para determinar la atención médica que recibieron ambos detenidos y si existieron retrasos u omisiones. En el caso de Gil, solicitó además la intervención de autoridades judiciales de Caracas, la jueza rectora y el Ministerio Público.
Prado alertó sobre el hacinamiento crítico en ambos centros: en el CPO I hay más de 1.300 reclusos en un espacio con capacidad para 800 (ocupación superior al 162 por ciento). En los calabozos de Guaiparo permanecen alrededor de 850 detenidos en instalaciones diseñadas para 100 personas (sobrepoblación superior al 566 por ciento).
El director del OVP instó a las autoridades a identificar de forma urgente a todas las personas privadas de libertad con enfermedades graves, crónicas o terminales, garantizarles atención médica especializada y evaluar sin dilaciones las medidas humanitarias correspondientes.
Con información de Efecto Cocuyo
