La modificación a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico establece condiciones para que compañías privadas se incorporen a distintas actividades de la industria energética. Uno de los cambios principales autoriza a operadores privados y empresas mixtas participar en la generación de electricidad, actividad que hasta ahora se caracterizaba por un fuerte predominio estatal.
La nueva normativa contempla la posibilidad de entregar concesiones a operadores particulares por períodos de hasta 25 años, condición destinada a ofrecer un horizonte de largo plazo para quienes decidan financiar proyectos de infraestructura. La apertura también alcanza la comercialización de energía, permitiendo incorporar capital privado en distintas etapas del negocio eléctrico, aunque el Estado conserva una posición estratégica en el funcionamiento y regulación del sistema.
El cambio llega después de años de dificultades para garantizar un suministro estable. Los cortes prolongados, las interrupciones imprevistas y las variaciones de voltaje se convirtieron en problemas recurrentes para hogares, comercios e industrias. Las deficiencias de la infraestructura y la insuficiencia de inversiones limitaron la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.
La reforma eléctrica forma parte de una transformación más ampla de las reglas económicas venezolanas en actividades consideradas estratégicas. El antecedente más importante es la modificación de la legislación petrolera promovida a comienzos de año, que permitió ampliar la participación privada y extranjera en la industria de hidrocarburos.
El lunes, ExxonMobil firmó un memorándum de entendimiento con el régimen venezolano para evaluar posibles proyectos de exploración y producción de petróleo. El acuerdo representa un acercamiento entre la petrolera estadounidense y Venezuela después de casi dos décadas de distanciamiento, tras abandonar el país en 2007 cuando se impulsó la nacionalización de proyectos petroleros.
Con información de Infobea
