Según denuncias conocidas por Infobea, la mañana del 5 de octubre de 2025, Gómez Machuca fue sacado del apartamento donde vivía en La Tahona, municipio Baruta, cuando cuatro camionetas con hombres vestidos de negro y sin identificación llegaron al lugar. Se lo llevaron sin mostrar orden de aprehensión, delante de sus hijos pequeños.
Dos horas después, funcionarios regresaron al inmueble con Gómez esposado para realizar un allanamiento sin orden judicial, sin testigos ni presencia del Ministerio Público. Durante el procedimiento se llevaron dos teléfonos, la pistola personal de Gómez, su porte de armas, cédula y billetera, entre otros objetos. Según la versión de la familia, Gómez gritó que se lo llevaba el Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES).
Los familiares buscaron a Gómez primero en la sede del GOES en Las Mercedes, donde negaron su detención. Posteriormente les indicaron que se encontraba en el Comando Nacional Antidrogas (CNA), en Las Acacias, sin permitir visitas ni comunicaciones.
Días después, la familia supo que Gómez había sido ingresado en el Hospital Militar de Caracas en estado crítico, presentando múltiples hematomas, politraumatismos y un derrame pleural. Fue sometido a una toracostomía para estabilizarlo. Un familiar que logró verlo relató que no podía caminar ni sentarse con normalidad y respiraba con dificultad.
La familia sostiene que Gómez fue torturado en instalaciones del GOES y obligado a grabar dos videos. Afirman que, tras autolesionarse en el cuello, fue trasladado al hospital y presionado para firmar una delación. Desde entonces, aseguran, padece apnea obstructiva del sueño, problemas estomacales y ansiedad.
Casi un mes después de su detención, mientras permanecía hospitalizado, Gómez compareció en audiencia telemática. Según la denuncia, le entregaron una declaración escrita para leer, pero se negó a firmarla alegando haber actuado bajo coacción, amenazas y torturas. La familia denunció que no se le permitió designar abogado privado y le fue impuesto el defensor público Samuel Serrano.
Los fiscales auxiliares Edgar Maurera Villareal y Jiomary Sinaí Terán Guzmán acusaron a Gómez como presunto coautor de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como de asociación. El caso también incluye como acusado a Lucas Yvan Albornett Salazar, oriundo de Carúpano, estado Sucre. El 4 de octubre de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Gómez, solicitando al Estado venezolano que adoptara medidas para proteger sus derechos a la vida, integridad personal y salud, así como garantizar condiciones de detención compatibles con estándares internacionales.
Con información de Infobae
