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Transparencia Venezuela propone justicia especial anticorrupción

La organización no gubernamental Transparencia Venezuela presentó una propuesta para crear un subsistema judicial especializado en casos de corrupción transnacional. La iniciativa busca investigar y castigar responsables de «gran corrupción» e intentar recuperar más de 78 mil millones de dólares…

Transparencia Venezuela propone justicia especial anticorrupción
Foto: Olga Berrios / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Transparencia Venezuela propone la aprobación de una ley que establezca las bases de una justicia especial anticorrupción, según informó Infobea. La ONG ha identificado al menos 178 investigaciones penales abiertas en 30 países por corrupción y lavado de dinero vinculados con Venezuela.

Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, señaló que «Venezuela no presenta un problema de corrupción dentro del Estado, sino un Estado organizado alrededor de la corrupción». La propuesta incluye la creación de un subsistema integrado al sistema de justicia con una unidad fiscal especializada, cuerpo de jueces especializados, oficina de inteligencia patrimonial y financiera, despacho para la recuperación de activos, unidad de protección a denunciantes y testigos, defensa pública especializada, y cuerpo de averiguaciones penales.

Debido a que los recursos sustraídos circulan internacionalmente, la organización considera necesario establecer una secretaría de cooperación internacional «unidad permanente dedicada a redactar, tramitar y sostener solicitudes de asistencia, cartas rogatorias, equipos conjuntos y pedidos de aseguramiento en el exterior».

Transparencia Venezuela también propone la conformación de un Fondo Nacional de Reparación Social y Reconstrucción, que se alimentaría del dinero recuperado para invertirlo en infraestructura escolar, de salud y agua, además del «reuso comunitario directo de bienes inmuebles decomisados».

La iniciativa incorpora la figura del «par internacional», descrito como «un acompañante técnico adscrito a un puesto, no un funcionario venezolano ni un supervisor». De Freitas argumenta que «la existencia de un testigo técnico externo del trabajo cotidiano eleva el costo de la presión indebida sobre el titular nacional y reduce el margen de la interferencia silenciosa».

La propuesta establece un mandato de ocho años para esta instancia, prorrogable por cuatro años mediante prórroga automática, salvo terminación anticipada aprobada por mayoría calificada de la Asamblea Nacional, previo informe público de evaluación independiente.

Con información de Infobae

Esta nota fue redactada con inteligencia artificial a partir de información publicada por otros medios, sin revisión humana previa a su publicación.

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