El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció a finales de agosto, menos de tres semanas después de asumir el cargo, el inicio de operativos para enfrentar la migración irregular en el país, según informó AlbertoNews.
«No solo voy a deportar a los extranjeros que cometen ilegalidades, sino también a los que han violado la norma para quedarse», advirtió el mandatario, aunque matizó que el primer grupo debía priorizarse. Sus declaraciones se interpretaron como una amenaza directa contra la comunidad venezolana, que representa casi tres millones de personas y cerca del 90% de los inmigrantes en Colombia, de los cuales alrededor de 850.000 no cuentan con documentos.
De acuerdo con el medio, a los pocos días de las declaraciones comenzaron a reportarse operativos de control de documentos migratorios en barrios del sur de Bogotá como Bosa y Kennedy.
El Permiso por Protección Temporal (PPT), mecanismo con el que se regularizaron más de un millón de venezolanos, se limita desde finales de 2023 a menores de edad que cursen estudios en Colombia, lo que deja sin opciones claras de regularización a buena parte de los migrantes adultos indocumentados.
Venezolanos consultados por AlbertoNews relataron las dificultades para acceder a alternativas legales. Una de ellas, identificada como Andreína Zárraga, explicó que intenta encontrar una vía para regularizar a sus padres, quienes se encuentran en situación irregular, sin éxito hasta el momento. «Tenemos las manos atadas», expresó.
Otra migrante, identificada bajo un nombre distinto al real por razones de reserva, relató que tras nueve años sin regularizarse decidió pagar una multa de 2,5 millones de pesos colombianos (unos 750 dólares) y ahora tramita un salvoconducto para postular a una visa como madre de un nacional colombiano, tras el nacimiento de su hija. Como última alternativa, contempla un visado específico para venezolanos lanzado por el Gobierno de Gustavo Petro a finales de 2024.
Con información de AlbertoNews
