La reforma fue impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien promueve la inversión privada en petróleo, gas y minería tras cambios recientes en la administración pública, según informó Reuters.
«Es necesario abrir el mercado para que el sector privado también pueda suministrar electricidad, especialmente a los grandes consumidores y, sobre todo, a la industria», declaró Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, tras la votación de la ley.
Venezuela enfrenta una crisis de servicios públicos con apagones frecuentes que afectan a millones de personas durante horas o días. La red eléctrica requiere mantenimiento exhaustivo, que no se ha llevado a cabo debido a la hiperinflación y sanciones económicas. Los cortes interrumpen el suministro de agua, telefonía móvil e internet, y perjudican sectores como la agricultura.
La nueva ley permite a empresas privadas operar mediante empresas conjuntas con el gobierno por un período máximo de 25 años, así como mediante contratos con compañías petroleras estatales. Rodríguez ha señalado que la estabilidad energética es una prioridad, aunque el país enfrenta problemas de liquidez que han impedido garantizar pagos a proveedores.
El Banco Interamericano de Desarrollo elabora un plan de colaboración de dos años para Venezuela, centrado parcialmente en electricidad y protección social, según su presidente Ilan Goldfajn. Autoridades venezolanas consideran solicitar un préstamo puente a Catar para saldar más de 2.000 millones de dólares en deudas con el BID.
Heriberto Labrador, ganadero lechero del estado Táchira, expresó su preocupación por los tiempos de implementación: «Lo único que nos preocupa es cuánto tiempo tardará una empresa en consolidarse y cuándo empezaremos a notar los beneficios para que desaparezcan estos cortes de luz».
Con información de Reuters
