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Foro Penal pide cambios estructurales en la justicia venezolana

La organización de derechos humanos señaló que la renovación del Tribunal Supremo de Justicia debe incluir reformas en tribunales, fiscalías y normas penales. El director vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, afirmó que designar nuevos magistrados no basta para resolver…

Foro Penal pide cambios estructurales en la justicia venezolana

El Foro Penal demandó que la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano incluya cambios en la estructura judicial, reformas legales y el desmontaje de mecanismos de persecución contra la disidencia política, según informó la organización mientras la Asamblea Nacional avanza en la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales.

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, sostuvo que la designación de nuevos magistrados no resolverá por sí sola los problemas del sistema de justicia. Durante un evento en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, en Caracas, señaló que los cambios deben alcanzar a tribunales, fiscalías, normas penales y organismos vinculados con la persecución de opositores.

«De nada sirve tener unos jueces impolutos, perfectos, honestos, capaces en el Tribunal Supremo de Justicia si de allí hacia abajo seguimos manteniendo el aparato represivo en las manos y sobre los hombros de las mismas personas», declaró Himiob.

El abogado propuso una reforma del Código Penal, al que calificó como anacrónico y alejado de las necesidades actuales del país. Planteó la modificación o derogación de varias leyes que, a su juicio, se utilizaron como herramientas para la persecución política.

Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, acompañó el planteamiento y sostuvo que el sistema judicial continuó como un instrumento de persecución política. «Los jueces y fiscales en el país han servido no solo para encubrir, hacerse no solo cómplices, sino actores directos de la persecución política de disidentes», afirmó.

Himiob recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana una demanda contra el Estado venezolano por violaciones registradas durante los sucesos del 11 de abril de 2002. Las víctimas solicitaron que se determine la responsabilidad estatal y se ordenen medidas de reparación.

Con información de Infobea

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