El documento, dirigido a Héctor Andrés Obregón Pérez, presidente de PDVSA, y a la Junta Directiva de la empresa, fija una «postura innegociable de peso legal, técnico y político» e incluye firmas de Eduardo José Yaguaracuto Amaricua del Bloque Patriótico Petrolero; José Bodas Lugo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros; Frank Aguilera del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, y otros representantes, además de trabajadores activos y jubilados.
Los firmantes denuncian «deliberada omisión e inacción» ante denuncias presentadas desde el 24 de septiembre de 2024. Según la comunicación, diversas investigaciones y auditorías independientes estiman en más de 100 mil millones de dólares las pérdidas por corrupción, sobrefacturación y malversación en PDVSA durante los últimos 20 años. Añaden la presunta desaparición de más de dos mil millones de dólares del Fondo de Pensiones (APJ-PDV) y denuncian un robo continuado de hidrocarburos que supera los 18 mil millones de dólares.
En materia laboral, los firmantes exigen la protección de derechos constitucionales y la vigencia de la Convención Colectiva Petrolera. Advierten que «ninguna reestructuración o acuerdo corporativo podrá desconocer o congelar las tablas salariales y primas adquiridas». Reclaman el pago inmediato de pasivos laborales y prestaciones sociales adeudadas a trabajadores de contratistas de PDVSA, e invocan empresas como 2PTO Constructora, Maritime, Global Energy, Constructora HP y Chevron.
También solicitan el reconocimiento formal de la relación laboral entre PDVSA y los trabajadores de PDVSA Gas Comunal, y la reactivación de empresas paralizadas como la Empresa Nacional de Tubos (ENATUB), la Planta Coronel Atanasio Girardot en Valencia y la Planta Batalla de San Félix en Bolívar.
El comunicado invoca el artículo 303 de la Constitución para defender el carácter de PDVSA como patrimonio del pueblo venezolano, describiendo esta condición como «inalienable e imprescriptible». El reclamo se extiende al Poder Ejecutivo Nacional, al PSUV, al CICPC, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a los tribunales de la República.
Con información de Infobea
